Tres jueces de Familia de Santa Fe fueron denunciados ante la Corte

Una ONG los apunta por presunta «arbitrariedad e incumplimiento». Los magistrados realizaron un descargo ante las acusaciones en su contra.

Tres jueces de Familia fueron denunciados ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. La presentación fue realizada por una ONG que sostiene que los magistrados presentaron una «manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones», «faltaron a sus deberes en no ejecutar leyes, plazos y procedimientos» y cometieron «graves hechos de violencia económica, psicológica, simbólica, e institucional contra niñas, niños, mujeres y familias».

Detrás de la denuncia, que fue ratificada ante el ministro de la Corte Rafael Gutiérrez, está la Asociación Civil Red de Víctimas de Violencia (Red Viva), una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y defensa de los derechos humanos de forma integral.

Las representantes de la ONG, que cuentan con el patrocinio legal de la abogada Ana García Lapissonde, ya habían presentado la documentación ante el Procurador Jorge Barraguirre.

Allí se señala que los jueces Liliana Michelassi, Fabio Della Siega y Fernando Gastiazoro habrían incurrido en los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», «prevaricato», «abuso de poder» y posible «connivencia» de acuerdo a lo establecido por el Código Penal, al menos en seis causas que se enumeran.

Con la ratificación de la denuncia, se presentaron 180 fojas que contienen una descripción de los casos testigo, y una lista con los números de los seis expedientes sobre los que se sostiene la denuncia: tres involucran a Della Siega, uno de estos también a Gastiazoro, y otros tres a Michelassi. Además, documental diversa, resoluciones judiciales e informes de equipos interdisciplinarios junto a documentos que exponen «la discordancia entre lo que dijeron los niños y lo que ‘transcribieron’ dichos equipos».

«Esperamos que se sancione a los magistrados y fundamentalmente, si se cumplen los requisitos, que se lleve adelante un jury de enjuiciamiento» a los tres jueces, que pertenecen a los Tribunales Colegiados de Familia N° 2 y 3 de la Primera Circunscripción Judicial. «Si bien sabemos que es muy difícil, que hay muy pocos jueces a los que se los remueve, planeamos llegar hasta la Corte Interamericana si es necesario, por la violaciones a los derechos de niñas y niños», señaló la abogada García Lapissonde.

Derechos y garantías

La ONG denuncia que los magistrados además de no haber cumplido con sus deberes, tampoco han aplicado la Ley Micaela «revelando un accionar absolutamente carente de perspectiva de género y niñez».

«En las presentes causas, se discute la plena vigencia de derechos humanos y garantías procesales contenidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional. Particularmente, la necesaria aplicación de la perspectiva de infancia en las resoluciones judiciales y el proceso judicial, una deuda sostenida respecto de la aplicación de la Convención de Derechos de niños, niñas y adolescentes», señala el documento presentado ante la Corte provincial.

Tomaron «casos testigos», y realizaron una descripción de lo sucedido en los procesos judiciales, señalando «situaciones de violencia que no han sido tomadas en cuenta por los magistrados denunciados» y adjuntaron documentación de respaldo.

Caso testigo: «León»

Uno de los casos más graves expuestos en la denuncia, que involucra tanto al juez Della Siega como al juez Gastiazoro, es el de «León» (nombre de ficción utilizado para proteger la identidad del menor). En el Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 tramita el expediente iniciado por el padre del menor para obtener un régimen de contacto, ya que el niño residía con su madre. El mismo fue dispuesto por el Dr. Della Siega.

En diciembre de 2022, la madre del niño denunció penalmente que su hijo le reveló haber sufrido abusos sexuales por parte de su progenitor. En el documento presentado ante la Corte se expone que el 8 de diciembre el Tribunal Colegiado de Familia Nº 2, en el marco de una causa por violencia familiar, dispuso una medida de protección para el niño, prohibiendo a su padre acercarse a él durante 10 días.

La ONG señala que «de manera fragmentada, contradictoria y arbitraria», el 13 de diciembre el Dr. Della Siega resolvió «…Disponer el cambio de residencia del niño, quien se mudará de manera inmediata con el progenitor quien tendrá provisoriamente su cuidado personal».

Al tomar conocimiento de esto, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que había ordenado que León fuera entrevistado en cámara Gesell, emitió un oficio dirigido al juez interviniente, ya que el expediente pasó a manos del Dr. Gastiazoro: «Surge a las claras la inconveniencia de que el niño víctima, quien debe participar de una medida sumamente importante como ser declarar en cámara Gesell, se encuentre conviviendo con quien aparece sindicado como autor de hechos de índole sexual, máxime la relación paterno-filial que existe entre ambos». Por esto, solicitó que se «arbitren las medidas pertinentes a los fines de garantizar una declaración libre de toda presión por parte del niño respecto de su padre y actual conviviente».

Pasaron más de seis meses. El niño continúa bajo la tutela de su progenitor, y no volvió a ver a su mamá. La fiscalía insistió ante el Tribunal de Familia, pero aún no se ha podido entrevistar al niño. Este caso «no solo demuestra violencia institucional y una posible connivencia, sino el total desconocimiento de la ley de víctimas y convenciones internacionales que prevén el derecho a ser oído de la víctima, siendo que se decidió sobre algo fundamental en su vida».

Esto, no sólo respecto a la causa penal, sino también a la que tramita en su propio juzgado, ya que desde Red Viva señalan que al momento de cambiar la tutela de León el Tribunal de Familia no había escuchado al menor. «Resulta fundamental resaltar la ignorancia del Tribunal al negarle el derecho» a ser oído.

Caso testigo: «Pablo»

La madre de «Pablo» (otro nombre de ficción) describió en la denuncia ratificada ante la Corte Suprema el derrotero judicial que transita desde hace años en el Tribunal Colegiado de Familia N°2, a cargo de la jueza Michelassi. Luego de separarse del padre de su hijo, ambos acudieron al juzgado para dirimir las cuestiones vinculadas al cuidado personal del menor.

«En la primera audiencia, la jueza no tuvo en cuenta el antecedente de violencia de género, manifestando que eso ya se había resuelto y que lo de cuidado personal era algo diferente porque el padre no había ejercido violencia contra el niño», señala la mujer. «La jueza cuestionó la cantidad de horas que trabajaba, desde una mirada sexista. Le expresé que estaba con muchas deudas producto de la violencia económica que había ejercido mi exmarido, y ella minimizó mis dichos».

En esa audiencia Michelassi «determinó que Pablo se retire con su padre, sin tomar en cuenta que hacía ya una semana que estaba siendo retenido por el padre, al punto de no dejarlo asistir a la escuela», y dispuso un régimen de visitas para la madre cada 15 días. «Nunca preguntó quién asistió al niño desde el divorcio, siendo el padre quien no se había hecho cargo de su responsabilidad parental».

Luego, en noviembre del 2019, la «jueza ordenó que una trabajadora social visite mi departamento». La profesional, «en base a las pruebas que le presenté llegó a la conclusión de que el progenitor buscaba un rédito económico al solicitar el cuidado unilateral de Pablo».

Se siguieron celebrando audiencias, y «la jueza permitió que en cada una de estas mi exmarido me vapuleara, sin poner ningún tipo de reparo en cada una de las frases que emitía».

En febrero de 2020 se denunció al hombre por haber violentado físicamente a su hijo. «Mi hijo fue revictimizado al no ser escuchado por el Defensor del Niño el 2 de marzo del 2020» cuando durante una audiencia «manifestó querer vivir con su mamá porque en la casa del padre vivía situaciones de violencia». Aún así, «la jueza volvió a otorgarle el cuidado unilateral al padre. Ese día Pablo lloró delante de todos los presentes porque quería irse conmigo. Últimamente, manifestó descreer de la Justicia, porque nunca fue escuchado».

En noviembre, «llegó la notificación de cuidado unilateral provisorio -en favor del padre-, sin dar lugar a la denuncia». Sumando a esto, la mujer señala que durante todo el proceso, Michelassi no solicitó ningún informe a la psicóloga que atendía al niño, cuyo contacto había sido puesto a disposición. La magistrada «permitió que mi exmarido siguiera ejerciendo sobre mí violencia económica. Dado que autorizó que se descuente de mi sueldo un equivalente que supera ampliamente el 30%, si se toma en consideración que aparte del dinero aportado, proveo a Pablo del servicio de salud».

«Pablo se encuentra viviendo conmigo desde el 26 de mayo de 2022, por decisión propia, viéndose obligado a huir de las situaciones de violencia que vivía por parte de su padre. Denuncia que fue ratificada en el área local de Niñez y elevada al juzgado de Familia. Habiendo pasado un año, la jueza Michelassi no resuelve la situación de cuidado personal y el cese de la cuota alimentaria que aún se ve reflejado en mi recibo de sueldo, revictimizándome y violentando mi economía», culmina su relato la mujer, cuyo caso es uno de los presentados por Red Viva ante la Corte para denunciar el mal desempeño de tres jueces de Familia de Santa Fe.

Fuente: EL LITORAL.