En los cuatro años de gestión de Alberto Fernández, la actual Universidad Madres de Plaza (UNMa) - que hasta septiembre de 2023 funcionaba como Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo - recibió para su funcionamiento por parte del Estado unos 1.500 millones de pesos, cifra que equivale a unos dos millones de dólares.
En ese mismo período, según la información que aportó la propia institución, egresaron 16 alumnos de los 2.564 que cursaron, es decir apenas el 0,62% de la matrícula, el peor registro entre la totalidad de las Universidades Nacionales, provinciales e institutos universitarios.
La información proporcionada por la misma institución indica que en 2021 la UNMA tuvo 1.279 estudiantes y 12 egresados, relación porcentual 0,94%. En 2022, 1.375 estudiantes y 4 egresados, relación porcentual 0,29%.
El Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo se transformó en Universidad Nacional el 27 de septiembre de 2023. De manera irregular, según la interpretación de la Justicia, tres meses antes de este hecho, la “universidad” fundada por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini -ya fallecida- y el parricida Sergio Schoklender, realizó la elección de sus autoridades. Como rectora fue elegida la abogada Cristina Caamaño Iglesias Paiz.
La distribución fue la siguiente: $60.000.000 en 2020; $210.000.000 en 2021; $246.000.000 en 2022 y en 2023, año en que se elegía a un nuevo presidente de la nación, el récord de $ 1.071.000.000.
Los docentes y autoridades nombradas durante la gestión de Fernández al frente de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, entendieron que el Gobierno avanzaba sobre la “autonomía universitaria” y por esa razón presentaron un recurso de amparo para que Pettovello, a través de la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, de marcha atrás con cada una de esas decisiones.
Esta mañana esa medida recibió el tercer rechazo judicial. Lo hizo la titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 4, Rita María Ailan. La propia Cámara de Apelaciones ya había rechazado la cautelar presentada por la Universidad. Y lo mismo había realizado la misma magistrada al recordar, entre otros puntos, que “durante la gestión anterior de Gobierno ya le había sido señalado el 06/12/2023 a la actora -por Caamaño- que no podía celebrar comicios, pues todavía no tenía Resolución Ministerial de puesta en marcha de la universidad”, tomando como válido las argumentaciones presentados desde Capital Humano por la subsecretaria Legal, Leila Gianni y el Director General de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano.
